Antes de nada haré una breve aclaración terminológica, al hilo de lo que ya hace unos meses escribía en euskera sobre el uso perverso de la lengua. Estamos acostumbrados a escuchar en los medios hablar del “conflicto mapuche”. Sin embargo, teniendo en cuenta que hoy la Araucanía es parte del Estado chileno, fruto de lo que se llamó la “pacificación de la Araucanía”, y si los supuestamente pacificados, los mapuche, vivían ya entonces en paz, y quien está en paz no necesita ser pacificado, es obvio que el conflicto que hoy se vive fue generado por quienes violentaron esa paz, por el Estado chileno, y por tanto el conflicto es causa del winka, y no del mapuche. Así que, en primer lugar, llamemos a las cosas por su nombre y hablemos del conflicto winka.
Pasando al asunto que quería tratar, el otro día escuchaba en CNN Chile al ministro Viera-Gallo hablar del conflicto en cuestión. El 90% de su discurso sonaba bien, para ser un ministro del Estado chileno quien argumentaba. Viera-Gallo admitía que fue el Estado Chileno quien, tomando por suyas unas tierras que los mapuche utilizaban para su desarrollo, las regaló a colonos holandeses, alemanes, españoles…, y que por tanto, esas tierras en justicia pertenecían a las comunidades mapuche. Sin embargo, después de dejar tan nítido que se trató de un robo por parte del Estado y un regalo ilegítimo a personas con el claro objeto de colonizar, a la hora de explicar la dificultad de subsanar el daño, tropezó con un concepto que es el padre de toda la estructura estatal actual: la propiedad. Según el ministro, para una posible solución entraban en conflicto dos derechos: el derecho del pueblo mapuche a disfrutar de las tierras que siempre le dieron sustento, y el derecho de propiedad de los colonos, puesto que ellos contaban con títulos de propiedad legales entregados por el Estado chileno. Eso, que a simple vista a muchos les parecerá realmente un conflicto de derechos, no puede de ninguna manera ser tratado como tal, y menos en pie de igualdad. ¿Por qué? Sencillamente porque la propiedad no es un derecho, sino un privilegio otorgado por el Estado y mantenido de forma coercitiva, violenta, al cual el derecho legítimo no puede enfrentar en igualdad de condiciones.
Este ejemplo le habría sido muy útil a Proudhon para ilustrar lo que hace ya siglo y medio defendió brillantemente en su imprescindible obra, ¿Qué es la propiedad?, cuya lectura recomiendo encarecidamente. No voy a repetir aquí la impecable argumentación que el anarquista francés utilizó para, uno por uno, desarmar todos los argumentos que históricamente, desde el derecho y desde la economía, se han utilizado para definir y justificar la propiedad; no es necesario ante un caso tan claro. La tesis de Proudhon se resumía en una escueta frase: la propiedad es el robo. ¿Necesitamos un ejemplo más claro para corroborar su aparentemente provocativa sentencia? El caso del conflicto winka es bien claro, y demuestra además por qué todos los Estados se aferran a perpetuar la mentira del derecho de propiedad: la propiedad es la base misma de la existencia del Estado, puesto que el Estado no es sino el propietario máximo de una porción de terreno de este planeta. Abolir la propiedad significa abolir el Estado, por no ser más necesario, pues no hay propiedades que gestionar desde arriba. Como el Estado no puede suicidarse, debe aferrarse con uñas y dientes a un concepto que, claramente, es enemigo de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la seguridad. La propiedad es el “derecho” por el que se conculcan todos los demás y, sin embargo, el más defendido y amparado. Tal vez porque, siendo ilegítimo, necesita de toda una parafernalia legal y coercitiva para protegerlo, disfrazarlo y hacerlo aceptable por la sociedad. Veámoslo en el caso que nos ocupa.
Un pueblo pacífico vive ocupando una tierra que le da lo que necesita para vivir. Este pueblo sólo se organiza de forma bélica cuando su paz es amenazada y su sustento puesto en peligro. Después de resistir a cuantos quisieron despojarle de sus derechos y someterlo a la esclavitud o la extinción, llega por fin el Estado que, decidiendo que desea esas tierras para su mayor gloria, violenta a ese pueblo y después lo “pacifica”, lo somete y lo “integra” en su sistema legal y administrativo. A partir de ahí el Estado se constituye en propietario de esas tierras y legitima, bajo esa propiedad, el robo de lo que no utilizaba y era ocupado y dominado por otros. El derecho de propiedad del Estado, por tanto, se basa en la conculcación del derecho de posesión anterior (aclaro que posesión y propiedad son términos contrarios: yo poseo la casa en la que vivo, pero siendo arrendatario, es otro, que no la posee, quien tiene la propiedad de ella y quien saca un beneficio, una renta, de mi posesión en favor de su propiedad) del pueblo mapuche. Una vez perpetuado el robo y sancionado mediante la propiedad, el Estado es dueño de hacer con el territorio lo que quiera, de modo que decide, no ya vender, sino regalar bajo títulos de propiedad parte de ese territorio robado a colonos para asegurarse que esas tierras no son recuperadas. Los nuevos propietarios se hacen gratuitamente con un “derecho” sobre algo previamente robado, son los cómplices, consciente o inconscientemente, del robo.
Ahora que al Estado se le complica la situación, por las legítimas demandas de quienes fueron históricamente robados por él, y sobre todo desde que esas demandas se han empezado ha hacer de forma violenta, piensa en la situación. El problema es que los Estados, con su actuar, siempre se crean problemas mayores porque ahora, según las leyes que él mismo inventa, existe, frente a un pueblo con demandas legítimas, con un derecho a usar para su sustento unas tierras que por voluntad jamás quiso dejar de usar, el “derecho” de propiedad de los terratenientes. Enredado en su propia incompetencia, piensa como solución ir comprando esas tierras para entregarlas a las comunidades a quienes les fueron robadas. Es obvio que la propiedad se basa en el rendimiento, uno es propietario para que su propiedad le rinda, le dé beneficio, así que los propietarios esperan, no ya el beneficio que hasta ahora durante larguísimos años les ha aportado algo que recibieron gratuita e ilegítimamente, sino el beneficio futuro, el rendimiento que esas tierras les daría de seguir siendo propietarios, la capitalización de la propiedad. Ningún propietario renuncia voluntariamente al mayor beneficio posible. De modo que, el Estado, debe robar al pueblo, vía impuestos, reduciendo de otros gastos, para dar satisfacción a las demandas de los propietarios y comprar unos terrenos que en su día regaló.
Por supuesto, el tema es más complejo porque algunos de los propietarios actuales no son los que recibieron como regalo las tierras, sino que en su día pagaron por ellas, adquirieron la propiedad por compra. En ese caso podría pensarse que es legítimo que pidan un precio por ellas, ¿no? Pues no lo creo así. Esos compradores compraron algo robado, aunque no lo supieran, y durante todos los años que han sido propietarios han tenido ocasión de recuperar, por la rentabilidad de la propiedad, el dinero de la compra y sus posibles intereses. Ya se han beneficiado de lo que compraron y no merecen indemnización alguna. De hecho, tanto los colonos originarios (y sus descendientes) como los posteriores compradores, en los casos en que los haya, han obtenido de la sociedad un beneficio mayor y deberían considerarse más que pagados por el uso y abuso de su propiedad ilegítima todos esos años.
Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Dejarlos sin sustento, incluidos esos pequeños propietarios que realmente actuaron de buena fe y a duras penas sobreviven de lo que las tierras les dan? ¿Para subsanar una injusticia cometer una nueva? Eso suele hacer el Estado generalmente con los problemas que él mismo genera. Sin embargo, una solución anarquista y justa sería, esquemáticamente, la siguiente: de acuerdo con las propias comunidades mapuche, dar la oportunidad a los actuales propietarios a que, renunciando al título de propiedad, posean la cantidad de tierra de la que ellos mismos, individual o colectivamente, sin explotar ni hacer uso de terceros, puedan sacar su sustento, dejando libre uso de todas las demás tierras a las comunidades mapuche. A aquellos propietarios pequeños, humildes, cuyo único error es querer subsistir en un mundo monopolizado por la gran propiedad y haberlo hecho adquiriendo unas pocas de esas tierras, debiera dárseles la oportunidad de seguir poseyendo las tierras que puedan trabajar, o colectivizar sus tierras con otros pequeños propietarios o con las propias comunidades mapuche. Eso puede hacerse en las tierras actualmente ocupadas, o haciendo un nuevo reparto según las necesidades de todas las partes y por mutuo acuerdo. En cualquier caso, todos los títulos de propiedad, basados, como dije, en el robo, quedarían sin valor legal, y todas las tierras que los antiguos propietarios no pueden trabajar por sí mismos y exceden a su sustento serían de nuevo poseídas por los mapuche para su propio desarrollo social y comunitario.
Para aquellos que, tal vez viendo que el enorme negocio que poseían y su capacidad de explotar el trabajo ajeno se difuminan de este modo, no quieran la posesión de ninguna tierra, no puede existir en modo alguno indemnización. ¿Cómo indemnizar por desposeer a alguien de algo que, no sólo no le costó nada, sino que le rindió beneficio durante largo tiempo? El Estado, en todo caso (ya que aún estamos lejos de su abolición), debería encargarse de calcular si, aquellos que compraron propiedad de buena fe, han recuperado en esos años lo que pagaron, y si son capaces, mediante sus recursos actuales, una vez desposeídos de la tierra, de comenzar una vida digna en otro lugar. En el caso de que lo que pagaron no haya sido recuperado o estas personas no tengan recursos para comenzar una nueva vida digna, sería responsabilidad del Estado subsanar esas carencias, pero sólo esas. Lo que es realmente de locos, y deja bien al descubierto la falta de justicia e igualdad en las leyes y en un sistema económico basado en la propiedad y el capital, es comprar por cantidades millonarias unas tierras que fueron robadas y entregadas gratuitamente a quien posee cuentas bancarias más millonarias aún, fruto de la explotación y el robo.
Desde unas bases anarquistas, horizontales e igualitarias, no es difícil dar a cada cual lo que es justo y posibilitar una convivencia cultural que permita a cada comunidad su propio desarrollo. Cuando el ánimo de lucro desaparece nacen la justicia y la ayuda mutua. La propiedad mata a ambas.
(17-10-2009)